El Precio del Poder

El inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia, el país ha sido testigo del progresivo poder hegemónico por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consolidación que ha propiciado una evidente crisis constitucional, mediante la  deslegitimación al Poder Judicial, la militarización del país, una reforma energética que incumple compromisos internacionales y la extinción de organismos autónomos; últimos dos temas son los que se abordaran en el presente artículo.

Ahora bien, el 31 de octubre de 2024 se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas, conocida como la reforma energética, que lejos de atender los problemas de seguridad energética, sustentabilidad ambiental y competitividad económica, estas modificaciones los exacerban. Al otorgar un mayor poder discrecional a las empresas estatales y limitar la participación del sector privado, creando un clima de incertidumbre que desalienta la inversión y la innovación. A su vez, la priorización de los combustibles fósiles sobre las energías renovables debilita el compromiso internacional con el desarrollo sostenible.

Por otro lado, el 28 de noviembre de 2024 se aprobó la Reforma en Materia de Simplificación Administrativa que elimina el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Extinción que no solo representa una violación evidente al principio de no regresividad de los Derechos Humanos, sino que también constituye una manifestación de lo que en la academia se conoce como "erosión democrática", al destruir el sistema de pesos y contrapesos que, aunque imperfecto, era esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho, por el que México ha trabajo durante las últimas décadas.

Ante la crisis actual y el fenómeno de la erosión democrática que enfrenta el país, es fundamental posicionarnos adecuadamente para comprender y señalar los problemas subyacentes. Pues solo a partir de un análisis preciso de la situación podremos proponer respuestas efectivas que contrarresten los efectos negativos de las reformas referidas.

Parece un insulto:

De Empresas Productivas del Estado a Empresas Públicas del Estado

La energía es un derecho humano que traspasa diversas ramas jurídicas ya que trata de un elemento fundamental para la vida y el desarrollo económico no solo de las personas sino también de los países, ya que no se puede entender la vida social y económica sin la energía. Por ello, su regulación y fomento deben basarse en un modelo de Estado rector de la economía, tal y como lo consagraba el artículo 25 constitucional.

Es así que la llegada a la reforma constitucional de 2013 representó un esfuerzo trascendental para modernizar y transformar a Petróleos Mexicanos “Pemex” y a Comisión Federal de Electricidad “CFE” en “Empresas Productivas del Estado” para dotarlas de flexibilidad operativa permitiéndoles maximizar su productividad y rentabilidad.7 Sin embargo, la reciente reforma ha revertido estos avances al redefinirlas nuevamente como “Empresas Públicas del Estado”, ahora regidas bajo el principio de “bienestar social”.

Esta regresión plantea una interrogante inevitable: ¿es razonable que un sector tan complejo como el energético sea gestionado bajo un enfoque populista, en lugar de priorizar los aspectos técnicos, financieros y operativos que exige? Todo parece apuntar a que las consecuencias serán negativas, afectando tanto la competitividad como la sostenibilidad del sistema energético nacional.

El nuevo enfoque es un tato idealista y me atrevo a decir que incluso romántico, ya que carece de objetividad con las realidades estructurales que aquejan al sector, ya que la presente reforma en lugar de buscar resolver los problemas de fondo más bien incrementa las deficiencias en áreas fundamentales como la formulación de políticas públicas eficientes, la gestión financiera, las condiciones laborales, el impacto social, ambiental, y la productividad del sector.

Adicionalmente, se estableció otra modificación al artículo 25 que ahora establece que las actividades del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), como la transmisión y distribución de energía eléctrica, así como la exploración y extracción de hidrocarburos, ya no se regirán bajo los principios que regían a la materia, tales como: eficiencia, transparencia, productividad y rendición de cuentas, disposiciones, que antes garantizaban la optimización del sector, ahora ya no son prioridades del Ejecutivo.

Litio:

¿La Próxima Gran Oportunidad de México?

El Artículo 27 constitucional también fue modificado, para declarar al litio un recurso natural estratégico, prohibiendo su concesión a empresas privadas y reservando su explotación exclusivamente al Estado. Este cambio, similar al manejo de materiales El litio, indispensable para baterías y tecnologías limpias, se ha convertido en un componente clave en la transición energética mundial. Para México, el potencial de sus reservas representa una oportunidad histórica de posicionarse como líder en la industria energética del futuro. Sin embargo, el control estatal por sí solo no asegura un

aprovechamiento eficiente. La explotación de litio requiere infraestructura, tecnología y una política nacional que fomente su transformación en productos de mayor valor agregado.

No obstante, el limitar la participación privada podría implicar el estancamiento en el desarrollo ya que la competencia económica no solo aporta inversión y conocimiento técnico, sino que también incentiva la eficiencia y la innovación. Sin un ambiente competitivo, México podría enfrentar problemas de ineficiencia, retrasos y oportunidades perdidas en los mercados internacionales.

Además, para que el litio contribuya al desarrollo económico y tecnológico del país, es necesario coordinar la inversión de sectores públicos y privados, ay que solo mediante esta colaboración se podrá atender a la creciente demanda energética, impulsar la transición hacia energías limpias y a los compromisos internacionales a los que México se ha suscrito.

Por tanto, si bien la decisión de mantener el litio como recurso estratégico en manos del Estado refleja un interés por la soberanía, debe estar acompañada de una estrategia integral que garantice su explotación eficiente y competitiva. México tiene ante sí la oportunidad de liderar en un sector clave, pero para lograrlo, necesita combinar control estatal con apertura a la innovación y la colaboración privada e incluso de índole internacional, resulta ingenuo si quiera pensar que la actual administración sin apoyo privado e internacional podrá explotarlo y comercializarlo como el recurso natural requiere.

¿Qué frena el sector eléctrico mexicano?

Siguiendo el artículo referido se ha mantenido la prohibición de otorgar concesiones en actividades de planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Sin embargo, se ha eliminado la facultad explícita del Estado para celebrar contratos con el sector privado en estas actividades.10 Y a pesar de que esta eliminación no constituye una prohibición directa, la postura actual del Gobierno Federal sugiere una intención clara de excluir al sector privado en particular, la discusión se centra en la dicotomía entre un mercado completamente abierto y competitivo frente a uno controlado exclusivamente por el Estado: un mercado no regulado podría generar desigualdades sociales y prácticas desleales, mientras que un monopolio estatal podría derivar en ineficiencias operativas, costos elevados y una calidad deficiente en los servicios. El reto para el sector energético radica en establecer un equilibrio donde el Estado cumpla su rol rector y regulador, pero sin inhibir la participación privada, especialmente en la generación de energía, lo que permitiría aprovechar las capacidades del sector privado para fomentar la innovación, garantizar la competitividad e implementar políticas públicas que favorezcan la transición energética.

¿Ha muerto la competencia en el mercado eléctrico mexicano?

Asimismo, también se establece que CFE será el actor predominante en el mercado eléctrico, con una participación de al menos el 54%, mientras que el sector privado podrá participar, pero siempre bajo esta limitación, reduciendo la competencia en la generación de energía renovable, restricción que se ve y se verá reflejada en la eliminación de los certificados de energía limpia y en la reestructuración del orden de despacho12, favoreciendo a las plantas de combustibles fósiles de la CFE, pese a que sean más contaminantes y costosas.

Esta reorientación del mercado socava directamente el compromiso de México con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la transición hacia un futuro energético sostenible. Este cambio no sólo pone en peligro los compromisos ambientales, sino que también tiene importantes implicaciones económicas, ya que podría dar lugar a un aumento de los costes energéticos, una reducción de la competitividad y una disminución de la inversión extranjera. Además, al alterar las reglas del sector en favor de las empresas estatales, se corre el riesgo de dañar la reputación de México como socio fiable y como participe del cambio climático en sentido negativo.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que la reforma no solo restringe la competencia, sino que también genera efectos económicos y sociales perjudiciales para el país, por ejemplo: en 2020, el costo promedio de generación de electricidad a partir de energías renovables fue de 401 pesos por megavatio-hora, mientras que las centrales de la CFE tenían un costo de 1,413 pesos por megavatio-hora.13 Esta diferencia abismal plantea la siguiente interrogante: si el gobierno incansablemente ha sostenido su lema que "primero es el pueblo" y “primero los pobres”, ¿por qué apostar por un mercado más costoso y contaminante? ¿Es realmente necesario seguir la narrativa de que lo estatal es siempre mejor? O más bien ¿se está buscando quedar bien pero realmente favorecer a los actores cercanos del ejecutivo federal? Asimismo, la diferencia de costos evidencia que el sector privado ha logrado generar energía de forma eficiente y paradójicamente más económica que la propia CFE, lo cual no es algo negativo, más bien debemos abandonar la idea que por ser privado es malo y adoptar discursos que permitan la adopción de un mercado abierto que ofrezca las mejores condiciones a largo plazo. El IMCO también resalta que, la reforma provocará un aumento en los costos de generación, lo que impactará directamente en las finanzas públicas a través de mayores subsidios a las tarifas eléctricas. Tan sólo en 2021, estos subsidios alcanzaron los 70 mil millones de pesos, por lo que resulta muy probable que la reforma agudice esta tendencia, presionando aún más las arcas públicas. Además, la eliminación de la sana competencia para establecer un modelo estatal monopólico, que históricamente ha demostrado ser el menos eficiente expondrá aún más las ineficiencias de la CFE frente a las demandas actuales e invariablemente lo más afectados somos el pueblo mexicano: ¿no era que primero los pobres?

¿Cuál es el futuro de México sin órganos autónomos?

Los órganos constitucionales autónomos son instituciones fundamentales en la estructura del Estado mexicano, creadas directamente por la Constitución para operar de manera independiente a los poderes tradicionales del gobierno. Su función es garantizar la transparencia, la especialización y la eficiencia en áreas clave, como la fiscalización, la regulación de la competencia, la protección de derechos y el manejo transparente de la información pública.

Estos órganos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cumplen funciones cruciales para el desarrollo y la estabilidad del país, asegurando que los intereses y derechos de los ciudadanos sean protegidos y que el gobierno actúe conforme al principio de legalidad.

La existencia de estos órganos autónomos responde a la necesidad de contar con instituciones que puedan operar sin la influencia directa del gobierno, lo que les permite ser más eficaces en el cumplimiento de sus funciones y garantiza que no haya conflictos de interés. Su autonomía es vital para la eficiencia del gobierno y para responder rápidamente a las demandas sociales, sin que esta independencia signifique que se encuentren fuera del marco del Estado. A pesar de ser autónomos, estos órganos son parte integral del sistema estatal, y sus decisiones son esenciales para la estabilidad y el correcto funcionamiento de las instituciones.

Sin embargo, la eliminación de estos órganos, como el INAI, la Cofece o el IFT, pone en riesgo la democracia mexicana y representa un retroceso abismal en la lucha que se ha tenido por la democracia. Dicha eliminación lejos de ser una mejora en eficiencia, implica una peligrosa concentración de poder en el ejecutivo, lo que debilitaría los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. La eliminación de estos órganos abrirá la puerta a prácticas autoritarias y, lo que es aún más grave, a la falta de supervisión en áreas esenciales como la competencia económica y la protección de los derechos de los ciudadanos. La autonomía de estos órganos les permite operar de manera independiente y supervisar al gobierno sin temor a represalias, garantizando que las políticas públicas sean equitativas y estén alineadas con los intereses de la sociedad.

En el ámbito energético, la disolución de órganos clave como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como la integración del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tendría consecuencias graves para la competencia en el sector. La eliminación de estos órganos afectaría la independencia técnica y operativa de las entidades encargadas de regular y supervisar el sector energético, creando un clima de incertidumbre para los inversionistas y afectando la competitividad del sector. Esta falta de competencia podría tener repercusiones negativas tanto para los consumidores, que enfrentarían tarifas más altas, como para la industria eléctrica en su conjunto, que perdería los mecanismos de regulación y fiscalización necesarios para garantizar un mercado eficiente, transparente y sostenible.

Conclusiones

Se debe promover una reforma energética que permita que el Estado no sea el único proveedor de energía, pero sí que tenga la responsabilidad de actuar como regulador, asegurando que los servicios sean de calidad y al mismo tiempo accesibles para toda la población, buscando equilibrar la participación del Estado con la de los actores privados, bajo un marco regulatorio que favorezca el interés general y no solo una idea romántica y popular.

En este sentido, el objetivo debe ser claro y prioritario: producir energía eléctrica y de hidrocarburos de manera más económica, limpia y accesible para todos los mexicanos. Para lograrlo, es fundamental garantizar el suministro eléctrico y de agua como primer paso. En segundo lugar, se debe establecer un marco de reglas claras para la industria, con el propósito de motivar a los inversionistas extranjeros a expandir sus operaciones en México.

México sigue siendo un país atractivo y lleno de oportunidades comerciales. Su riqueza ambiental, combinada con su cercanía al mercado más grande del mundo, Estados Unidos, lo posiciona en un lugar geopolítico y comercial estratégico. Las oportunidades están ahí, pero es fundamental saber aprovecharlas a través de un mercado líquido, competitivo y con precios accesibles que impulse una soberanía energética equilibrada, basada en una combinación eficiente de fuentes de energía.

Aunque es necesario priorizar las energías renovables, no podemos ignorar el papel que desempeñan los combustibles fósiles como el gas natural, más amigable con el medio ambiente. Este recurso ha permitido que muchas de las grandes centrales de generación eléctrica del país operen con eficiencia, fortaleciendo la competitividad de la industria manufacturera. Al mismo tiempo, las energías renovables, en especial la solar y la eólica, han sido pilares fundamentales del crecimiento energético en los últimos años.

Para maximizar estas oportunidades, es imprescindible una colaboración activa del gobierno mexicano, tanto en la atracción de inversiones como en la expansión de la presencia de México en los mercados internacionales. Sin embargo, la actual reforma energética enfrenta grandes desafíos para cumplir con sus objetivos. Un modelo estatista que sigue apostando de manera predominante por los combustibles fósiles se contrapone a las necesidades globales de transición energética. Entre los principales retos destacan la caída en la producción petrolera y la creciente deuda de Pemex, lo que subraya la necesidad de un enfoque más dinámico y adaptado a las demandas del mercado y del medio ambiente.

El reto es reconciliar los ideales constitucionales con las necesidades del país; hoy hablamos sobre un tema altamente técnico y que pareciera imposible que tenemos las herramientas o incluso la voz para revertir estas acciones como “simples ciudadanos o simples estudiantes”, pero para lograrlo, debemos trascender las dicotomías entre activismo y auto-restricción, entendiendo que no solo es tarea del gobierno hacer funcionar a nuestro país, sino también nuestra responsabilidad, mediante el aprovechamiento del privilegio que es estudiar, mediante el uso de redes sociales, mediante la exigencia a la rendición de cuentas, mediante el activismo jurídico y social, así como la obligación de las instituciones a ser sensibles a los resultados y estar comprometidas con la democracia, la justicia social y la sostenibilidad.

La reforma energética, si se lleva a cabo conforme a los principios Constitucionales, puede ser una gran oportunidad para avanzar hacia un modelo que permita construir ese Estado de Derecho Constitucional que tanto anhelamos para nosotras y nosotros, así como para nuestras futuras generaciones:

Por el derecho humano a la energía y a la independencia de los órganos vigilantes.

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Isabella Aurora Nájera Ramírez.

Miembro del CINED y estudiante de Universidad Iberoamericana Puebla.

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