El poder judicial en Jaque.

A lo largo de los años México ha sufrido una transformación, de pasar de tener gobiernos autoritarios donde un partido hegemónico controlaba a los poderes del estado mexicano, para lograr sus objetivos y seguir manteniendo su control en el país. Después de tantos años se lograron diferentes reformas a nuestro marco legal con la finalidad de lograr que en los poderes en que se deposita el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, obtuvieron una verdadera independencia y se logrará un contrapeso del poder en nuestra nación.

Desde la llegada de la actual administración pública federal se dijo que iba a haber grandes cambios en nuestro país, el Presidente de la República aseguró que respetaría a los demás poderes de la Unión. Lo que hemos visto a lo largo de todo este sexenio es que sus diferentes reformas y acciones que impulsa desde el Congreso de la Unión algunas ocasiones fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras acciones que el presidente vio como poco un mensaje de hostilidad política.

Estos últimos días las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo han venido en aumento todo ello después de que Morena impulsará la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Los fideicomisos públicos son instrumentos jurídicos creados por la administración pública para cumplir con una finalidad lícita y determinada, que persiguen el bien común. En este caso, los fideicomisos están distribuidos: cinco en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF); seis, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y 2 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los cuales representaban una cantidad de 15,434 millones de pesos.

Estos fideicomisos tienen fines específicos. Entre ellos se encuentran los recursos que se destinan a proveer de seguridad a ministros, jueces y magistrados. Así como también obligaciones patronales con prestaciones como pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.

El personal operativo del Poder Judicial, que representa a más del 60 por ciento de su plantilla, es el principal beneficiario. Son aproximadamente 35 mil trabajadores. Asimismo, son para la construcción y remodelación de órganos de impartición de justicia y su equipamiento, así como para la capacitación del personal del Poder Judicial de la Federación. El fideicomiso del “Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal” es el único que no se tocó debido a que es el único que se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La cámara de diputados ya ha aprobado la desaparición de estos fideicomisos, queda ahora en manos del senado de la república aprobarlo para ser publicado en el diario oficial de la federación.

La Ministra Presidenta de la SCJN, recibió invitación de diferentes grupos parlamentarios del Senado de la República, para poder explicar la necesidad de tener esos fideicomisos para el PJF, a lo cual ella accedió, sin embargo, la bancada de MORENA estaría en desacuerdo en invitar a la Ministra Norma Piña, y bajo ese ambiente la Ministra hizo público que no asistirá a dialogar con el Senado ya que no existen las condiciones idóneas para poder realizarlo.

Algo que sí podemos decir de toda esta situación, es que ello representa una venganza para intentar doblegar al único poder de la Unión, que ha servido de contrapeso para las acciones legislativas que han caído en la institucionalidad y que han sido declaradas improcedentes por parte de la SCJN. Todo ello debe de representar la base para un profundo uno análisis en cómo PJF si bien no es perfecta, porque en ella también existen excesos y muchas cosas que reconfigurar para mejorar, ha intentado cumplir con su objetivo que es lograr la constitucionalidad, pero esta desaparición de fideicomisos se traduce en algo negativo para trabajadores así como a los más vulnerables de nuestra sociedad al momento de la impartición de justicia.

Este gobierno impulsa iniciativas de ley sin debate, sin argumentos, sin tomar en cuenta a los actores políticos y sociedad mexicana, esto únicamente representa autoritarismo, y los legisladores morenistas no están dispuestos a negociar y mucho menos mover una sola coma a las iniciativas presentadas por el Ejecutivo. Ojalá el país logre hacer una reflexión de que estas acciones si continúan con esa cotidianidad, puede representar un gran peligro en el futuro para nuestra democracia.

Por el bien del país debe existir la independencia y el buen funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.

Diego Velasco.

Director de comunicación política en Proyecta Mx.