El derecho fundamental a la participación ciudadana.

I. Introducción.

Durante el desarrollo del ensayo, se mencionan distintos conceptos sobre el tema de la participación ciudadana, esto precisamente sobre los enfoques de apreciación que intercalan diferentes autores y su bonanza a los conceptos e ideas referidas, siendo lo suficiente para lograr comprender el tema, al igual que abordaremos los mecanismos e instrumentos que existen en nuestro marco jurídico y la validez que se obtiene mediante las acciones pertinentes, siendo específicamente en la materia legislativa y electoral, en la proposición de reformar a las leyes por parte de la sociedad, ahondando en parte con la ley de participación ciudadana con la que cuenta el Estado de Nayarit junto con el apartado de las iniciativas populares, debido a que de este mismo apartado surgen muchas afectaciones al derecho del acceso para la participación, siendo deliberadamente una ley limitativa a las materias que puedan ser reformadas, por lo tanto, en este ensayo se pretende especificar la percepción que se tiene por parte de esta ley sobre las garantías que tiene el ciudadano y que se ven afectadas ante sus propios mecanismos que deberían de salvaguardar sus derechos participativos en el ámbito político.

1. Vargas, N. (2014). nuevas avenidas de la democracia contemporánea. México, D.F: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

2. Bobbio, Norberto, Diccionario de política, México, Siglo XXI Editores, 1981, p. 470.                                                                                                                       Participación ciudadana. (2019, julio 17). IECM. https://www.iecm.mx/participacionciudadana/

3. Garita, Arturo. (2023). Mecanismos de participación ciudadana a nivel federal en los que intervienen las Cámaras del Congreso de la Unión. México: Senado de la República.

4. Ugalde, Luis. (2014). Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano. Perspectiva estatal e internacional. Colección TEPJF. México: DR Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

5. Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit, (L.P.C.E.N) reformada, Periódico Oficial, (P.O), 23 de mayo del 2018, (México).

6. Serrano, A. (2015). La participación ciudadana en México. Estudios políticos, (34), P. 97.

7. Arredondo, C. (2014). Nuevas avenidas de la democracia contemporánea. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Bibliografía:

II. Conceptualización de la participación ciudadana.

La participación ciudadana logra ser un elemento esencial en la vida democrática, ya que es el pilar dentro de las sociedades políticas al tener una forma directa en la injerencia de las decisiones de sus comunidades.

Vargas, N. (2014), hace mención de distintos enfoques o definiciones sobre que la participación ciudadana llega a ser un proceso en la adopción de decisiones ante el gobierno de una ciudad, estado o país; de igual forma, que llegan a ser distintas formas de declaración social, y asimismo, se crean perspectivas en la organización y operación sobre la toma de decisiones en asuntos públicos dentro del contexto democrático. El autor Bobbio, N. (1981), refiere que para entender la cultura política, debemos identificar que cuenta con actitudes, normas y creencias, que son ideadas entre los miembros de una sociedad y que su objetivo son los hechos políticos.

Ahora bien, con lo señalado con anterioridad, debemos de comprender que su definición llega a tener mucha diversidad de ideas o concepciones sobre el tema, pero si bien es cierto, todo esto surge a partir de la conformación de un núcleo social en el que, dentro de sus pretensiones, existe el adoptar las decisiones mas adecuadas dentro de sus núcleos sociales (comunidades, ciudades, pueblos) que logren adquirir el mayor bien común en su contexto político-social y en decisiones públicas. No obstante, trataremos de dar una mayor precisión a la definición sobre esta materia de derecho humano que adquieren los ciudadanos dentro de sus territorios.

El IECM. (2019), define a la participación ciudadana en lo siguiente: "mecanismos sociales que sirven ante el desarrollo local, con la proposición y acciones para reflejar una democracia participativa con la integración de la población en las actividades por realizarse dentro de su entorno." Con esta idea logramos comprender, que la participación ciudadana se ejerce mediante los mecanismos ofrecidos dentro de las leyes del gobernante y los representados (en este caso la ciudadanía), para obtener un progreso oportuno en las políticas internas, es necesario que existan los instrumentos de participación ciudadana, con la finalidad de crear un país democrático dentro del propio sistema que sean regidos y coadyuvando en una democracia política-pública con beneficios en lo general.

Otro punto a abordar es el grado de participación que se ejerce entre los ciudadanos, de los cuales mencionaremos algunos:

• La participación en la información

• La participación en la consulta

Concretamente, sobre estos puntos el autor Vargas, N. (2014), explica que en la información se logra implicar una opción de acceder con persistencia sobre los asuntos públicos, esto para obtener herramientas de evaluación directa sobre las actividades accionantes por parte de su gobierno.

El mismo autor Vargas, N. (2014), nos menciona que la consulta es una referencia hacia los mecanismos que tiene la ciudadanía para enviar sus opiniones o sugerencias para el gobierno, ello sobre las decisiones tomadas. De igual forma, Vargas, N. (2014), al referirse a la decisión sugiere que la sociedad debe contar con las herramientas de participación ante las decisiones en los asuntos públicos, siendo que las opiniones que puedan emitir sean tomadas en cuenta y puedan fijar un punto definitivo a cualquier vertiente.

Sobre el control, se expone que es la posible alternativa del ciudadano para los actos tendientes a la fiscalización y evaluación del trabajo gubernamental, verificando que las decisiones tomadas en equipo entre el gobernante y los ciudadanos se lleven a cabo con plena satisfacción.

Por último, en la ejecución se deriva de los niveles señalados en una combinación propia, también implicando una coordinación y corresponsabilidad entre las partes del sistema que hemos señalado anteriormente.

III. Mecanismos para la participación ciudadana.

Dentro de los mecanismos de participación ciudadana, podemos encontrar distintos instrumentos para llevar a cabo acciones, los cuales pueden ser:

• Referéndum,

• Plebiscito,

• Revocación de mandato,

• Consulta popular, y

• Iniciativa ciudadana.

Asimismo, dentro de este ensayo abordaremos únicamente al instrumento de iniciativas ciudadanas o populares, mismas que podemos definir como la facultad o el derecho obtenida por el ciudadano con la finalidad de exponer una presentación de propuestas de leyes ante el poder legislativo, mismos que buscan modificar, derogar o crear leyes, al igual que reformar toda una ley.

Garita, Arturo. (2023), nos explica que la iniciativa ciudadana es el derecho público político que recae en la población en general, esto para tener un proceso legislativo eficaz entre los ciudadanos. Por su parte, Ugalde, Luis. (2014), menciona que la iniciativa ciudadana es un instrumento del cual se permite proponer las modificaciones al marco legal, existiendo criterios para clasificar; desde una norma propuesta y sus límites, al igual que si llega a ser de forma directa entre el electorado es aceptada y apoyada y no tiene una necesidad de ser presentada ante el legislativo para la aprobación, en cambio en la indirecta, que en este caso es explicada como la iniciativa o propuesta ciudadana que requiere de la reunión de un porcentaje de firmas contempladas en la ley, y que una vez cumplido el trámite pasará a la consideración del poder legislativo. El mecanismo otorga la vida del incidente del derecho para que el ciudadano pueda acceder al procedimiento legislativo desde la concepción hasta el abordaje de la propuesta normativa tendiente a modificar o reformar.

De igual forma, podemos entender a este instrumento como el consistente en un derecho de participación ejercida por la ciudadanía bajo un requisito de porcentaje numérico de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, esto para poder presentar iniciativas de ley y con ello la autoridad legislativa pueda entrar al análisis, debate y en el caso respectivo la aprobación del proyecto de ley.

IV. Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit.

En Nayarit, contamos con una ley específica que nos permite tener el acceso a los instrumentos o mecanismos antes señalados, esto con la finalidad de tener la garantía sobre los derechos ciudadanos que poseemos para la participación en las decisiones de políticas públicas y generando de ello un vínculo entre la sociedad y el gobierno. En diversos Estados también cuentan con su propia ley de participación ciudadana que les permite tener el acercamiento, el acceso y el derecho de proponer las iniciativas de ley, aunque no en todos, por ello, es importante reconocer que se cuente en Nayarit con el instrumento para garantizar estos mecanismos y sean respetados a la par de un derecho humano.

La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit, (2018) en su artículo 37 nos define lo siguiente: "La Iniciativa Popular es el derecho que se concede a los ciudadanos para presentar propuestas en materia legislativa ante el Congreso para ser resueltas de conformidad a su legislación interna.

Por lo tanto, entendemos que surge el derecho de la participación para exponer las propuestas que sean de materia legislativa y se busque tener una resolución en su legislación propia del Estado."

Asimismo, dentro de la propia ley encontramos un apartado en su artículo 38 que nos expone lo siguiente:

Artículo 38.- No podrán ser objeto de Iniciativa Popular, las siguientes materias:

• Fiscal o de egresos del Estado;

• II. Régimen interno de la Administración Pública centralizada, descentralizada y autónoma, estadual o municipal;

• III. Régimen interno de los Poderes Legislativo y Judicial;

• IV. Fiscalización y transparencia;

• V. Leyes en materia electoral y la presente Ley;

• VI. Régimen de responsabilidades de los servidores públicos;

• VII. Órganos Autónomos Constitucionales;

• VIII. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

• IX. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;

• X. Modificaciones a ordenamientos legales que hayan derivado del Cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales, y

• XI. Reformas o leyes respecto de las cuales haya obligación de legislar por parte del Congreso y se origine en Leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión o de Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Con lo anterior, estamos ante el señalamiento de una violación a las garantías del derecho de participación, en el sentido de la limitante impuesta por la ley para que la ciudadanía pueda tener una injerencia dentro de los actos y decisiones públicas en sus gobiernos y aportando a ello la cero progresividad en una democracia sana y participativa para la sociedad, vulnerando los derechos humanos que ellos poseen en el sentido de proponer en materia legislativa temas de gran importancia o mayor relación entre la población o comunidades y el gobierno representante de los mismos.

V.  Límites sobre la participación ciudadana en el Estado y su afectación al acceso del derecho de participación en la Iniciativa Popular. (Ciudadana)

Conforme lo expuesto anteriormente, se señala que de la propia ley emana una serie de afectaciones y violación al acceso y las garantías que deben prevalecer ante dicho derecho humano que obtiene la sociedad con un fin especifico; el de coadyuvar a la mejora de las decisiones políticas públicas de su entorno y velar por el bienestar en lo general. Serrano, A. (2015), explica que la violación sobre las garantías individuales de participación ciudadana se desarrolla de forma violenta entre las autoridades contra la sociedad, esto aplicaba contra quienes estuvieran inconformes con las decisiones políticas tomadas por los dirigentes, llegaban a sufrir maltrato físico o psicológico; debido a esto es necesario que el Estado pueda respetar las garantías individuales que poseen los ciudadanos, como lo es la libertad, seguridad, igualdad y todos los derechos fundamentales que se encuentren consagrados en la Constitución.

Asimismo, Serrano, A. (2015), explica que se necesita la creación de instituciones públicas y consagrar nuevas leyes para que pueda ser regulada la participación ciudadana, ya que el marco jurídico que pueda existir puede obligar al órgano de gobierno de anexar a la sociedad en las acciones que puedan realizar. No obstante, también se menciona que no basta con crear una ley o marco jurídico que papel, pues deben de existir a la par las instituciones adecuadas para que se pueda posibilitar la aplicación de una ley y que de la misma exista una eficacia al momento de ejercer dichos derechos. Al igual, se debe de transparentar y rendir cuentas sobre la información que tome un gobierno, esto debido a que es una clave fundamental para conocer la organización de un gobierno sobre sus programas, sus acciones y sus decisiones, esto en beneficio de la sociedad para ejercer sus respectivos derechos y calificar los resultados que puedan ser obtenidos.

Por otro lado, el autor Arredondo, C. (2014), opina que los órganos electorales deben de ofrecer el iniciar un libre camino a la participación buscando fortalecer dicha práctica conforme a sus responsabilidades adquiridas, debido a que se encuentran dotadas de facultades en la materia de participación ciudadana. Otra opinión que brinda Arredondo, C. (2014), es que se debe de iniciar un camino con los mecanismos, para que los mismos puedan encontrar desde la perspectiva ciudadana una precisión sobre un asunto, con ello fortaleciendo la convicción de los ciudadanos y su democracia.

Arredondo, C. (2014), menciona que en el país existe una oquedad sobre las instituciones comunes creadas de forma básica sin buscar una resolución o una mejora a cualquier problemática que pueda hacer frente el ciudadano, citando que solo toman a consideración las cuestiones de forma personal y dejando de menos el beneficio en su conjunto de personas, llevando un sentir de decepción ante la democracia que se refleja. En otras palabras, se debe entender que la existencia de límites ante las garantías que goza el ciudadano para tener una injerencia de forma positiva en su gobierno y en su comunidad, le parece una contrariedad que no sean respetadas y no se encuentren disponibles las instituciones que deban hacer valer sus derechos y dotar de obligaciones para que puedan ser respetadas en todo momento. Es decir, el hecho de los límites impuestos en la ley de participación ciudadana, solo crea un declive en la democracia del país, debido a que, la sociedad puede sentirse en decadencia con sus derechos al no ser llamados para la toma de decisiones o para ser escuchados al querer interponer sus ideas para tener un interés en reformar y cambiar la forma en que se realiza la política y se vive la democracia.

Al final obtenemos que el gobierno debe de emitir las instituciones públicas requeridas para tener una eficaz participación ciudadana.

VI.  Conclusión.

En relación con los puntos abordados, cabe resaltar que la participación ciudadana debería de ser un mecanismo de idoneidad entre la población para presentar las iniciativas correspondientes al órgano legislativo, y que no sea solo confundida con el derecho de petición que gozamos, sino, que sea el derecho totalmente reconocido para interponer la justicia social que se requiere y exige, debido a la necesidad de buscar siempre la mejor ley que pueda beneficiar tanto a los grupos de grupos vulnerables con carácter de civiles al igual que a una comunidad en lo general, optando el hecho de no tener beneficios particulares y consagrando la unión entre los propios ciudadanos para tener la mejora a su desarrollo social en conjunto de su gobierno.

Si continúa existiendo la delimitación del derecho de participación en la propia ley, puede influir en que exista un descontento por parte de la población al momento de pretender tener una intervención en los marcos normativos de su país y que de ello surja un retroceso en materia de derechos humanos, derecho electoral y técnicas legislativas, al ser perpetrado dicho derecho y no se tenga la coadyuvancia correspondida del ciudadano ante sus gobiernos, puede ser generador de caos dentro de su territorio, de su vida política y de los círculos sociales correspondidos.

• La participación en la decisión

• La participación en el control, y

• La participación en la ejecución.

Alejandro José Medina Olmos.

Miembro del CINED A.C.